on 4 Julio, 2017 by el samizdat in Política, Comments (0)

Violación a la intimidad es un delito de tres años de prisión

Por Cristian Leandro

Desde que la legislación pasada, en la Asamblea Legislativa, se discutía iniciativas que den  protección a la intimidad en la era digital, hoy el Congreso costarricense da un paso adelante en esta materia.

Los diputados de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, dictaminaron positivamente el expediente  19322 Reforma del artículo 196 bis del Código Penal, que pretende sancionar con penas de prisión de uno a tres años a la persona que en beneficio propio o de un tercero dañe la intimidad o privacidad sin autorización del titular.

La iniciativa establece que la persona que en beneficio propio dañe la privacidad de otra, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, trasmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes, los vídeos o los datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

Esta ley generó hace cuatro año incomodidad en el sector de la prensa, en la antigua redacción generaba impedimientos para el acceso de fuentes de información por medio de una reforma catalogada como “ley mordaza”.

La iniciativa en su momento fue desechada por parte de los diputados de la legislación anterior, sin embargo, la urgencia de sancionar la invasión a la privacidad logró una reforma a que da pena de cárcel.

La reforma pasará al plenario legislativo para el debate final y la votación. Sin embargo, aún el ambiente está frío para determinar el apoyo por parte de todas las fracciones.

Esta reforma también daría un freno total a posibles filtraciones de documentos electrónicos, evitando los famosos golpes al estilo Wikileaks.

Derechos Humanos

Por otro lado, los diputados le dieron en visto bueno a tres iniciativas más para proteger los derechos humanos de las personas, uno de ellos  es la Reforma Integral a la Ley Regulatoria de los Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de salud públicos y privados.

El proyecto de ley plantea prohibir las acciones discriminatorias que atenten contra los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, así como la estipulación de mejores mecanismos y criterios para el manejo de información relativa a los pacientes, en el marco de la defensa de los derechos a la intimidad y de no discriminación hacia las personas usuarias de los servicios de salud.

Para estos efectos se hace especial énfasis en el derecho de acceso a la salud para las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

En cuanto al principio de respeto a la autonomía de las personas, la iniciativa se pretende reformar el régimen deberes de los usuarios de los servicios de salud y reforzar la legislación vigente relativa al consentimiento informado y al expediente de salud.

Y es que, en cuanto a la autonomía de la voluntad en la toma de decisiones sobre la salud de los pacientes y a los derechos relativos al manejo y acceso a la información sobre la documentación clínica de los pacientes.

Actualmente, nuestra legislación no regula ninguno de esos dos aspectos en detrimento de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados.

Otro dictamen

También se dictaminó positivamente el expediente 19610  Adición de un inciso 11) al artículo 112, un inciso 8) al artículo 192 del Código Penal, Ley 4573 de 4 de mayo de 1970, y un inciso e) al artículo 70 del Código Procesal Penal.
El plan impone prisión de veinte a treinta y cinco años, a quien mate a una persona activista en defensa de los Derechos Humanos.

La iniciativa sostiene que es evidente que los casos de agresiones u homicidios contra activistas en defensa de nuestra naturaleza no son uno o dos hechos aislados.

Salta a la vista la persecución que las personas defensoras de la vida han sufrido, sin que haya una correlativa respuesta del Estado.

Dice además el proyecto que dicha reforma, si bien, no solucionará la situación de amenaza constante en la que viven las personas activistas, constituye una señal positiva del Estado, en razón de reconocer la importancia de las acciones que con tanta gallardía y esfuerzo realizan las personas defensoras de la vida.

Finalmente se dictaminó positivamente el expediente 20131 Reforma de los artículos 172  y  189 bis  del Código Penal y los artículos 5 y 6 de la Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

El plan impone una sanción con pena de prisión de seis a diez años, quien promueva, facilite, favorezca o ejecute, la captación, traslado, transporte, alojamiento, ocultamiento, retención, entrega o recepción de personas de cualquier sexo dentro o fuera del país, para someterlas a trabajos o servicios forzados.

La servidumbre, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, adopción irregular, mendicidad forzada, tráfico ilícito de órganos, tejidos, células o fluidos humanos, embarazo forzado y la ejecución de uno o varios actos de prostitución u otras formas de explotación sexual, también son contemplados como delitos como penas de cárcel.

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